Los 9 lineamientos centrales de Independientes No Neutrales

1) Anhelamos una Constitución que avance en la igualdad de todas las personas, cualquiera sea su género, orientación sexual o identidad de género.

Democracia de género:

  • Una nueva Constitución que consagre una democracia que no se limite a contemplar normas procedimentales ni derechos formalmente atribuidos a todas las personas, sino que establezca como objetivo del Estado eliminar los efectos directos e indirectos de las desigualdades de género.
  • La temática de género debe considerarse transversalmente en la Carta para asegurar un pacto social genuinamente legítimo.

Considerando la discriminación histórica y múltiple que sufren las mujeres, la nueva Carta debe establecer la igualdad de género y, además:

  • Consagrar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todos los planos del acontecer público y privado.
  • Concentrar su atención en el principio de igualdad y no discriminación que implique el acceso igualitario de todas las personas a los espacios de poder político y de toma de decisiones, a los recursos económicos y simbólicos.
  • Reconocer el valor social y la relevancia pública del cuidado y del trabajo doméstico. − Consagrar la libertad y la autonomía política, económica y física de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual para decidir sus proyectos de vida.
  • Considerar un diseño y lenguaje inclusivo en la redacción de la Constitución.

Algunos derechos constitucionales que una nueva Constitución debe establecer específicamente a las mujeres son:

  • A vivir una vida libre de violencia.
  • A la igualdad salarial.
  • Al acceso al cuidado sanitario, entre otros.

Vinculado con el ejercicio del poder, la futura Carta debe:

  • Establecer la democracia paritaria y proporcional, que distribuye en igualdad de condiciones los espacios de poder en lo público y privado.
  • Asegurar la participación y representación política de las mujeres, con paridad, en cargos de elección popular, organismos autónomos y en los poderes del Estado.
2) Aspiramos que la nueva Constitución reconozca al medio ambiente como base de la vida y la comunidad.

Una nueva Constitución debe:

  • Incorporar los principios de protección ambiental, justicia ambiental e intergeneracional y buen vivir (Sumak Kawsay o Kume Mongen)
  • Reconocer la crisis climática, la obligación del Estado de cumplir con las metas de mitigación en un entorno de transición justa y de propiciar la adaptación desde los
  • Establecer los bienes comunes como tales, incluyendo el agua, el aire, el mar, las riberas, las altas montañas, los recursos hidrobiológicos, los minerales y las funciones eco-sistémicas, entre otros. Esto implica asegurar su sostenibilidad, distribución equitativa y resguardo para las generaciones
  • Reconocer los derechos de la naturaleza, en la visión de los pueblos originarios, entendiéndola como base de la vida y como la interacción entre los diferentes elementos que la componen.

Algunos derechos constitucionales vinculados con la protección del medio ambiente que una nueva Constitución debe establecer ambiente son:

  • El derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que incorpora una visión del valor intrínseco del medio ambiente.
  • Los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental
  • El derecho de acceso a los bienes comunes, especialmente al agua.

Vinculado con la organización del poder, la futura Carta debe consagrar una Defensoría Pública de la Naturaleza y de agencias independientes que velen por la evaluación de proyectos y fiscalización en materia ambiental.

3) Queremos una Constitución que reconozca y resguarde integralmente todos los derechos, incorpore nuevos titulares, todos debidamente garantizados.

La futura Carta debe:

  • Contemplar un completo y equilibrado catálogo de derechos, deberes y garantías.
  • Mantener los derechos civiles y políticos actuales, perfeccionándolos; consolidar y proteger los derechos sociales, económicos y culturales; e incorporar nuevos derechos y titulares.

Los derechos civiles y políticos:

  • Estos derechos son insoslayables en una nueva Constitución y corresponde perfeccionar sus contenidos y garantías.
  • La sola abstención del Estado en estas áreas puede significar, en la práctica, que únicamente las personas que tienen las capacidades para ser plenamente autónomas puedan La autonomía requiere espacios de libertad, pero además necesita algunas condiciones previas que la hagan posible, entre ellas, acceder a los bienes básicos necesarios para poder subsistir y llevar adelante sus planes de vida y aquellas condiciones de reconocimiento y respeto por parte de la sociedad.
  • Nos referimos, a las libertades de locomoción, de conciencia y religión, de enseñanza, de expresión, de asociación, de emprendimiento, de crear y difundir las artes; los derechos a la vida, a la privacidad, a la honra, de propiedad; las igualdades en la ley y ante ley; el derecho a elegir y ser elegido, entre

Los derechos económicos, sociales y culturales son los que proveen a la sociedad mejores herramientas para abordar la crisis estructural y cultural en la que estamos inmersos.

Es indispensable que la nueva Constitución:

  • Los ampare, proteja, garantice y
  • Sea consistente con los estándares internacionales al momento de
  • Los establezca como verdaderas obligaciones de la actividad estatal, para asegurar una base de igualdad social para un disfrute efectivo de todos los derechos.
  • Nos referimos al derecho a la educación, a la saludad, a la seguridad social, a la vivienda adecuada, al trabajo, entre otros.

El reconocimiento de nuevos titulares se vincula con la niñez, la adolescencia, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad como grupos de protección especial, por su mayor grado de vulnerabilidad.

 

4) Buscamos una Constitución con un régimen político equilibrado

La Nueva Constitución debe equilibrar el poder entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional. Para ello corresponde:

  • Introducir al sistema presidencialista instituciones que permitan que la tarea de gobernar sea compartida por el Presidente de la República y el Congreso
  • Incorporar instituciones propias del régimen parlamentario, reduciendo el poder del Presidente de la República en favor del fortalecimiento del Congreso en la función de gobernar.
  • Nos referimos, por ejemplo, a reducir la iniciativa exclusiva del Presidente a solo ciertas materias; establecer la interpelación y la censura constructiva, esto es la facultad del Congreso para hacer efectiva la responsabilidad del Presidente; o la facultad de este último para disolver la Cámara de Diputados por una sola vez para llamar a elecciones anticipadas.
5) Aspiramos a una Constitución que reconozca a los pueblos originarios de nuestro país, sus derechos y el carácter plurinacional del Estado.

La nueva Carta debe establecer que Chile es un Estado plurinacional que asegura los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en conformidad con el Derecho Internacional. En tal sentido corresponde que la nueva Constitución reconozca que:

  • Los pueblos indígenas tienen, por ejemplo, derecho a sus propias formas de organización y administración territorial y de manejo de recursos naturales. En tal sentido, tienen derecho a determinar su propio desarrollo de manera autónoma; y este derecho lo tienen porque son pueblos distintos y diferenciados de los pueblos y naciones que constituyen la sociedad
  • En Chile no hay una sola nación, sino varias. La plurinacionalidad busca que los diversos pueblos y naciones que habitan en el territorio del Estado chileno se sitúen en un pie de igualdad, sobre la base de ciertos derechos y facultades que puedan ejercer autónomamente.
6) Una Constitución que establece un Estado descentralizado, que propicie un desarrollo social y territorialmente pertinente y equitativo.

La nueva Constitución debe establecer una mayor descentralización y participación con el objetivo que el Estado sea social y territorialmente equitativo, un Estado unitario-descentralizado, que se organice bajo un modelo integral de descentralización política, administrativa y fiscal.

Para ello la Nueva Constitución debe contemplar:

  • Los principios de descentralización política y administrativa que, a su vez, concrete la autonomía política, administrativa y fiscal de los gobiernos regionales y de las municipalidades, en el ámbito de sus
  • El principio de subsidiariedad territorial con prioridad del nivel local sobre el regional, y de éstos sobre el
  • Los principios de diferenciación territorial que facilite el tratamiento particular según las realidades locales diversas de nivel local y regional; la prohibición de tutela, que impide que el gobierno central oriente el ejercicio de las competencias propias de los gobiernos subestatales y las de éstos entre sí; la coordinación de acciones comunes y colaborativas entre gobiernos nacional, regional y local; y los mecanismos de resolución de conflictos de competencia entre los niveles central, regional y
  • Los principios de descentralización fiscal: equidad y solidaridad interterritorial, suficiencia en el financiamiento de competencias, interdicción de la arbitrariedad presupuestaria, autonomía fiscal regional y local y responsabilidad fiscal, con eficiencia, probidad, transparencias y rendición de cuentas en la gestión de competencias y recursos.
7) Una Constitución que establezca un régimen democrático y representativo e instituya instrumentos de participación directa y deliberativa.

La nueva Constitución debe complementar la dimensión de la democracia representativa con lo participativo, consagrando el derecho a participar en la gestión pública como principio rector, de forma que los poderes del Estado lo incorporen en sus procedimientos.

Para ello, deben establecerse constitucionalmente:

  • Instancias de participación que sean vinculantes en los casos que fije a la Constitución y la
  • A modo de ejemplo, los presupuestos participativos, que establecen participación ciudadana en elaboración de presupuestos comunales y regionales; participación consultiva en la generación de los planes reguladores; consultas ciudadanas antes y durante la implementación de proyectos de inversión; cabildos y diálogos para la propuesta y generación de políticas sectoriales; y cuentas públicas participativas, entre otros.
  • También los plebiscitos de reforma o cambio de la Constitución; referéndums ratificatorios, sancionatorios o abrogatorios de leyes; plebiscitos en distintos niveles de gobierno y para diferentes materias; iniciativa popular de ley, entre
8) Pretendemos una Constitución que consagra un sistema de justicia que resguarda el Estado democrático de Derecho y los Derechos Humanos sin distinción.

La nueva Constitución debe regular un sistema de justicia capaz de transformar valores y catalizar cambios sociales en las comunidades y familias. Para lograrlo, la futura Constitución debe:

  • Construir una estructura judicial que resguarde los principios fundamentales de la actividad jurisdiccional: independencia, imparcialidad y
  • Estatuir un sistema de participación y rendición de cuentas sólido, integrado por la sociedad civil.
  • Consagrar el principio de justicia popular, para asegurar la protección de los derechos de la ciudadanía de una manera imparcial, eficiente y efectiva. Esto implica el diseño de un sistema de jurados para ciertos casos, y mecanismos externos de control y vigilancia del sistema
  • Reflejar la composición de nuestra sociedad, considerando especialmente la paridad de género en la integración del poder judicial.
  • Una función judicial tendiente al control de la función legislativa y Esto permitirá al sistema de justicia el conocimiento de todos los asuntos de interés público de relevancia jurídica.
  • El reconocimiento de los sistemas legales de los pueblos indígenas, para asegurar la igualdad y no discriminación, limitando dichos sistemas propios únicamente mediante la supremacía de los derechos humanos y las garantías
  • Subsumir a las policías bajo el control democrático civil, cuya función principal sea la seguridad de las personas y la prevención.
9) Deseamos una Constitución que establece un Estado social de Derechos en el que las políticas económicas se definen democráticamente.

La futura Carta debe consagrar un Estado social y democrático de Derecho, en que el Estado, basado en un principio de solidaridad, asume un rol más activo en la provisión de los bienes básicos que las personas requieren para alcanzar sus planes de vida y en condiciones de vida digna. Respetando ese marco, corresponderá a los gobiernos y representantes democráticamente elegidos, fijar las políticas económicas y los planes de desarrollo del país.

Además, le corresponde a la Constitución:

  • Establecer como objetivos de este Estado el bien común, el bienestar social y el desarrollo humano y sostenible, para lo cual debe actuar sobre la base de los principios de eficacia y eficiencia, probidad, descentralización e innovación, integrando los aportes de la sociedad civil en la búsqueda, configuración y logro de sus objetivos. En el cumplimiento de sus objetivos, el Estado debe disponer de una institucionalidad que proteja a las generaciones futuras, garantizando para ellas un medioambiente sano, que permita conservar la biodiversidad y también su capacidad de gasto.
  • Asegurar la igualdad en el trato que el Estado y sus organismos deben dar en materia económica, los derechos a la libertad de emprendimiento, de propiedad, así como velar por los derechos de los
  • Vinculado con el derecho de propiedad privada, y atendiendo a su función social, la Constitución debe armonizar su ejercicio con las necesidades generales de la sociedad, en particular con la protección del medioambiente. En consecuencia, la legislación debe estar en condiciones de establecer regulaciones por razones de bien común, y de autorizar la expropiación, compensando debidamente y en efectivo en este caso a los titulares de los recursos privados.
  • Los derechos mencionados en este lineamiento implican para el Estado tanto la obligación de respetar ámbitos de libertad de las personas en su actuar económico, como compromisos de acción dirigidos a promover condiciones de igualdad que permitan a todas las personas participar con las mismas oportunidades en la vida social y económica, poniendo un foco especial en las medidas necesarias para superar las barreras que enfrentan las mujeres, y otros grupos históricamente postergados, para participar activamente en la vida laboral y económica.
  • Consagrar una institucionalidad que asegure la sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, incorporar el principio de responsabilidad fiscal y reconocer en su texto la autonomía del Banco